30/03/2006

LA FISCALÍA DE VALENCIA INSPECCIONA LAS RESIDENCIAS

LA FISCALÍA DE VALENCIA CONTROLARÁ A QUIENES GESTIONEN LOS BIENES DE LOS RESIDENTES

 

Aparece en el ABC de 30 de marzo.

Una iniciativa de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justícia de la Comunidad Valenciana ha merecido el reconocimiento de la Fiscalía General del Estado que ha difundido una circular a todas las Fiscalías de España detallándola.. Se trata de controlar la gestión de las propiedades de las personas ingresadas en residencias que no se valen por sí mismos y que, en ocasiones, supera el ámbito territorial de una comunidad autónoma.

La iniciativa consiste en realizar inspecciones orientadas a evitar que los internos delcarados incapaces fueran víctimas de algún abuso por parte de sus tutores legales. La iniciativa sirvió, en cambio para poner de manifiesto, según la Fiscalía, que existía desprotección por parte de los no declarados incapaces que no han ingresado voluntariamente en la residencia.

A partir de aquí la noticia empieza a caer en los tópicos negativos que aafectan al sector al decir "El programa de inspecciones pretende no sólo detectar los posibles abusos que se hayan podido cometer con quienes han sido ingresados a la fuerza (sic), para que se les garantice la asistencia psiquiátrica sin que se vulnere su derecho a la libertad, ya que si no existe una orden judicial declarándoles incapaces y autorizando el internamiento se trataría de una detención ilegal".

No sabemos si esa frase es del fiscal o del periodista, sea como sea es muy desafortunada por varios motivos:

- Si los residentes incapaces no están incapacitados es por culpa de la administración y de la Fiscalía que no aplican la Ley (Código Civil y Ley de Enjuiciamiento Civil) que obliga a los funcionarios públicos a comunicar a la Fiscalía la existencia de un presunto incapaz y a la Fiscalía a iniciar el proceso de incapacitación cuando tenga conocimiento de que se producen las causas. Si todo funcionase de acuerdo con la Ley, la Sanidad Pública comunicaría todos los casos de presunta incapacidad de que tuviera conocimientos (que serían casi todos, ya que casi todos los mayores con demencia van alguna vez al médico) y los Fiscales iniciarían todos esos procedimientos. Lo cierto es que la Sanidad Pública no comunica todos los casos y la Fiscalía no inicia todos los procedimientos cuando le es comunicada un supuesto. Sólo hace falta preguntar a las residencias qué pasa cuando son ellas las que comunican al Fiscal una posible incapacidad de una persona que tiene suficientes recursos para pagar el centro, una situación familiar estable y en la que no concurren circunstancias de riesgo.

- Si no existe autorización judicial para el ingreso de los presuntos incapaces en las residencias es porque los jueces no se ponen de acuerdo y en cada Audiencia hay una o más interpretaciones sobre lo que dice o parece decir el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que es el que, aparentemente, obliga a que se aplique la autorización judicial para el ingreso de presuntos incapaces en residencias.

- Si la Ley de la incapacidad no se aplica en el ámbito de las residencias es porque parece que quiere decir una cosa diferente a la que en verdad dice: Parece que la ley diga que se incapacitará cuando, además de una falta real de capacidad, concurran uno o varias de las siguientes circunstancias: mucho patrimonio, problemas familiares o situación de riesgo.

La iniciativa de la Fiscalia de Valencia es encomiable, pero sin duda lo sería más si sirviese para arreglar este embrollo legislativo/jurisdiccional que hace que las cosas funcionen de forma diferente en cada rincón de España.

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