En este caso ha sucedido en la localidad alicantina de Santa Pola, en la que un matrimonio británico y su hija utilizaban su vivienda particular comor esidencia clandestina.
Los vecinos sospechaban de las actividades en la casa y alertaron a la Guardia Civil, que entró en el centro tras tres semanas de vigilancia y cree que al menos puede llevar tres años con su práctica ilegal. Aunque no se han apreciado síntomas de malos tratos físicos, sí se ha encontrado documentación de los ancianos en la caja fuerte y se ha constatado que cuando alguno de los residentes recibía una visita estaba vigilado por el matrimonio dueño de la casa. Tampoco los residentes podían disponer de teléfonos móviles y, además, estaban vigilados a través de cámaras de seguridad distribuidas por toda la vivienda.
El chalet tenía cinco habitaciones que casi siempre estaban ocupadas, y en cada una había camas articuladas y accesorios para facilitar la vida diaria de los residentes. No había las medidas de seguridad que se exigen y los cuidadores carecían de cualificación. Tampoco se contaba con servicios médicos.
Los trabajadores no han colaborado, sí lo ha hecho un anciano que con la ayuda de su familia consiguió salir de la casa y corroborar a los agentes lo que allí sucedía.
La desesperación y la vulnerabilidad son pasto de desaprensivos. La sociedad en general debemos estar vigilantes para que laspersonas mayores y sus familias no sean víctimas de estafas como esta, pues está en juego mucho más que el dinero que se hayan podido llevar, que no es poco, está la salud y el derecho a una vida digna en los últimos años de vida.
Nos alegra mucho que se haya desmantelado este negocio antes de que se tuviera que lamentar algún percance. Esperamos que cada vez sean menos los «negocios» de este tipo y que se localice a los desaprensivos.