La protección jurídica de las personas mayores en la Fundación Geriatros-SARquavitae en Málaga

Las personas mayores pertenecen en gran medida a grupos vulnerables por estar expuestas a abusos o a situaciones que los propician en un mayor porcentaje que otros sectores de población. Influye la fragilidad física, el acceso difícil a la información, problemas cognitivos, soledad, precariedad económica, dependencia de otras personas para desplazamientos o institucionalización en residencias de la tercera edad entre otros motivos.

Para hablar de la su protección, fiscales, notarios y magistrados analizaron las últimas novedades legislativas del sector y explicaron las herramientas legales existentes en relación a la protección jurídica de las personas mayores y de los colectivos más vulnerables de la sociedad, en una jornada organizada por la Fundación Geriatros-SARquavitae. El encuentro, celebrado en Colección del Museo Ruso, San Petersburgo/Málaga en Málagay contó con la colaboración de la Fundación AEquitas del Consejo General del Notariado.

Los profesionales del sector de atención sociosanitaria se encuentran a diario con situaciones complejas ante el ingreso residencial. En muchas ocasiones, la voluntad del mayor no queda clara y los equipos se debaten entre las necesidades de atención que presenta y su libertad de decisión ante la institucionalización. Herminio Maíllo, magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia número 11 de Málaga, abogó durante su intervención por la necesidad de cambios en los procesos y destacó que «la evolución de las herramientas de modificación de las capacidades se ha basado más en cambios terminológicos que en cambios reales de la gestión del proceso».

También fueron evaluadas la evolución de la capacidad de personas en situación de dependencia y en palabras de María Inés, médico forense del Instituto de Medicina Legal de la localidad, «el carácter de urgencia de los procesos es un problema ante los casos de posibles internamientos involuntarios» y señaló que el uso de escalas de valoración física y psíquica, es una herramienta muy útil en los procesos de incapacitación.

Como dato relevante, Paloma Ramos, presidenta Asociación enfermos Alzheimer Málaga, informó que en España hay 30 000 personas con demencia diagnosticada.

La jornada culminó con un debate sobre las herramientas jurídicas para la promoción de la autonomía y para la protección de las personas mayores, sobre este tema Verónica Martín, coordinadora de la Fundación Malagueña de Tutela, insistió en que para mejorar la desprotección del mayor y la sobrecarga del cuidador es necesaria la colaboración de todas las entidades, tanto públicas, como privadas. Igualmente, destacó que Málaga es la provincia andaluza que trata con más profundidad las medidas cautelares. Por su parte, el notario Ramón Blesa ha repasado la diferencia entre el apoderamiento y el apoderamiento continuado.

La creciente prolongación de la vida y el consecuente aumento de las enfermedades asociadas a la edad como las demencias o el alzhéimer han propiciado la creación de herramientas legales para proteger el patrimonio y las decisiones de la persona afectada. Las instituciones públicas también trabajan en esta línea de protección de la vulnerabilidad y establecen protocolos de obligado cumplimiento para los profesionales sociosanitarios que atienden a este tipo de personas.

Seguro que muchas residencias de mayores de Málaga han aprendido en esta jornada.