LA LEY DE DEPENDENCIA INICIA SU CUARTO AÑO DE VIDA

Si hacemos caso a los datos que mensualmente publica el SAAD  o estadística de la Ley de Dependencia veremos que se están produciendo situaciones bastante peculiares, que, desde una perspectiva algo jocosa nos podrían permitir establecer el perfil psicológico de los ciudadanos de cada comunidad autónoma.

Para empezar, si observamos los datos que se refieren a cuántas solicitudes se presentan en cada comunidad podríamos saber cómo se auto perciben los ciudadanos.  Si hay muchas solicitudes de ayuda es que muchas personas piensan que la necesitan, o sea, muchas personas se sienten "dependientes”.  Si eso fuera cierto, según los últimos datos, qlas comunidades que se sienten más "dependientes” serían Andalucía (4 de cada 100 personas presenta solicitud) y el Pais Vasco (3,5%), en cambio, las que se sienten más "autónomas” son Madrid y Canarias donde sólo una de cada cien personas presenta la solicitud.

Si pasamos de solicitudes a prestaciones, o sea, de cuántas personas pensaban que podían beneficiarse de la Ley a las que efectivamente han llegado a hacerlo, el resultado varía mucho.  Las Comunidades con mayor proporción de dependientes con derecho reconocido son Cantabria y la Rioja  (1,8% de la población total) seguidas de  Andalucía (1,7%).  Muy lejos queda Canarias con un 0,3% o Madrid con un 0,4%.

Como en principio la Ley es igual para todos los españoles, una lectura rápida nos indicaría que los lugares con una mayor calidad de vida son, sin duda Canarias o Madrid, cosa que se traduce en que haya tan pocos dependientes y que en cambio, Andalucía debería ser estudiada a fondo para saber qué hace que existan allí tantas personas que se ven a sí mismas como dependientes aunque, cuando se les valora se ve que no lo son (o no lo son en el nivel que esta año se puede beneficiar de prestación).

Dejando bromas a parte, lo que están poniendo de manifiesto los datos que mensualmente ofrece el SAAD son dos cosas.  Para empezar, que, por una vez, las administraciones están actuando con transparencia, generando y divulgando estadísticas mensuales.  Esta política de transparencia pone en evidencia a las comunidades que no envían sus datos correctamente (y a tiempo) además de permitir algo que es primordial en democracia: la posibilidad de que los ciudadanos "vigilen” a los poderes públicos.

Por otro lado las estadísticas muestran el fracaso absoluto de la Ley en su intento por crear un sistema común: ni se valora de forma homogénea (a pesar de existir una herramienta única de valoración), ni se reconocen prestaciones de forma similar en todo el Estado.

Quizás en este fracaso está el triunfo de la Ley.  El hecho de que se pongan de manifiesto de forma tan clara las discrepancias está sirviendo de estímulo para plantear un "segundo intento”.

A ver si 2010 marca, no sólo el inicio del final de la crisis sino también el final del mal inicio de la Ley de Dependencia y su nuevo avatar.