Afortunadamente, las personas con discapacidad han aumentado su esperanza de
vida, como el resto de la población. Esta buena noticia provoca que cuando
cumplen 65 deban abandonar su lugar de residencia, en el que igual han estado
hasta 40 años, y trasladarse a una residencia de la tercera edad que no
contempla sus necesidades específicas.
El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo de un ciudadano
al que, pese a tener una discapacidad intelectual reconocida del 65 % y
una situación de dependencia en grado 1, la Comunidad de Madrid le negó la
posibilidad de ingresar en un centro especializado en atención de personas con
discapacidad por ser mayor de 60 años. A esta persona se le concedió una plaza
en una residencia para mayores sin tener en cuenta sus especiales
características. Para el Tribunal, se han lesionado sus derechos y ha sido
discriminado por razón de edad y discapacidad, pues se le debía haber
proporcionado una plaza en un centro especializado.
Con la vista puesta en esta sentencia, en Navarra, UPN ha propuesto, a
través de una moción parlamentaria, que se elimine el requisito de ser menor de 65 años para acceder a los recursos destinados a las personas con discapacidad
en la nueva Cartera de Servicios Sociales que el Departamento de Derechos
Sociales tiene pendiente de realizar el Gobierno Foral. Además, proponen poner
en marcha de forma inmediata un programa para crear módulos de personas mayores
de 65 años en las residencias de discapacidad en las que existan personas que están
llegando a esa edad, para poder darles la atención específica que requieren.
Según UPN, en Navarra la Ley Foral de Servicios Sociales no distingue
residencias para mayores y para menores de 65 años, mientras que la Cartera de
Servicios sí hace la distinción. Consideran necesario adecuar la normativa a la
realidad, a los tratados internacionales y a las disposiciones judiciales.
En Inforesidencias nos parece un tema de
gran calado que afecta a muchas personas, las personas mayores con
discapacidad, especialmente vulnerables. Con el aumento de la esperanza de
vida, ahora se hacen visibles y plantean un importante reto: el envejecimiento
de las personas con discapacidad y su calidad de vida. Es una buena noticia que
las administraciones, en este caso a través de una iniciativa parlamentaria
autonómica, tengan presente esta nueva problemática y empiecen a plantearse los
servicios adecuados.