La norma, que entra en vigor a los tres meses de su próxima publicación en el BON, afectará a los centros nuevos para mayores, personas con discapacidad, con enfermedades mentales, centros de inclusión social y centros de día. El decreto regula los espacios, la organización de las personas atendidas y se orienta a la personalización a través de la implantación del modelo de atención centrado en las personas.
El nuevo modelo limita en el número máximo de plazas en las residencias de mayores, podrán albergar un máximo de 130 personas, y dispone que al menos el 65 % de su superficie se articulará en torno a unidades de convivencia de un máximo de 16 personas. Los centros dispondrán de espacios comunes como cocina o zonas de estar, las habitaciones tendrán una superficie mínima de 14 m2, las individuales, y 20 m2, las dobles. Un 80 % de las plazas deberán estar en habitaciones individuales y todas, individuales y dobles dispondrán de cuarto de baño.
La norma describe los diferentes tipos de servicios por la modalidad de atención y no por el perfil de las personas usuarias a las que va dirigido y establece las condiciones físicas, las prestaciones básicas con que deben contar cada uno de ellos y las ratios de personal. De esta manera, los servicios de atención residencial serán residencias, miniresidencia-hogar, viviendas vinculadas con residencias, piso tutelado, supervisado, vivienda con apoyo, apartamentos tutelados, viviendas de acogida y servicios para personas sin hogar, definiendo en cada uno de ellos el nivel de intensidad de los apoyos que prestan en alto, moderado y bajo. Si el centro dispone de una unidad de psicogeriatría, está se ubicará en un espacio físico diferenciado.
También recoge los servicios de atención diurna en centros de día y centros ocupacionales, definiendo para cada uno de ellos igualmente las condiciones físicas, prestaciones básicas y ratios de personal.
El decreto plantea la posibilidad de centros multiservicios para dar cobertura a personas de diferentes ámbitos, sobre todo en el ámbito rural, y regula la implantación de experiencias piloto que puedan incorporarse al catálogo de servicios sociales, como las viviendas colaborativas.