necesidades muy elevadas de dependencia. ACRA calcula que unas 7.000 personas en situación de dependencia severa o de grado II podrían quedarse sin prestación.
Desde ACRA creemos que estas prestaciones ayudan a mucha gente mayor y sus familiares a pagar una plaza privada mientras esperan una pública. Son imprescindibles en el sistema asistencial catalán ya que actualmente unas 17.000 personas esperan una plaza pública mientras que el sector privado cuenta con unas 8.000 disponibles. La apertura de las PEVS, además, se traducirá en un aumento en la contratación de personal en las residencias.
Los reiterados incumplimientos de reapertura de las PEVS han dejado indefensas a las personas mayores más vulnerables, aquellas que necesitan utilizar alguno de los servicios que ofrecen las empresas y entidades asistenciales pero que no cuentan con los recursos para hacerle frente. La Generalitat suspendió el otorgamiento de las PEVS en agosto de 2013 por problemas de tesorería en las arcas públicas. Esta medida, que debía ser temporal y duró unos meses, se ha alargado más de un año, lo que deja más indefensas a las personas mayores más vulnerables y sus familias.
Por su lado UPIMIR,critica que se priorice a los "más dependientes" sin determinar qué criterios se utilizarán lo que podría generar arbitrariedad, y también critica una posible aplicación retroativa irregular en la nueva aplicación y un defecto jerárquico que viciaría su aplicación.
La patronal ACAD también ha presentado alegaciones que nos han hecho llegar: