POLÉMICA EN EL SECTOR EN CATALUÑA

POLÉMICA EN EL SECTOR DE RESIDENCIAS CATALÁN

El sistema Catalán de Servicios Sociales que funciona en la actualidad es el que creó el gobierno de Convergència a mediados de los años noventa del pasado siglo. En lo que a atención a personas mayores se refiere, la política de la Generalitat entonces fue la de apoyarse en la iniciativa privada mediante la creación de un "Programa de apoyo al acogimiento residencial” que permitía a las residencias privadas acreditarse y poder acoger a residentes que recibían ayuda pública.

Las residencias acreditadas se comprometían a cumplir una serie de requisitos (especialmente relativos al personal de atención) para todos los residentes y ponían a disposición del programa una serie de camas. Si éstas se ocupaban, la residencia cobraba un precio fijo (que se correspondía al grado de dependencia), si las camas quedaban vacías, y tras dos semanas no se ocupaban por un "residente de programa”, la residencia podía disponer libremente de las mismas para usuarios privados.

A la Generalitat, la existencia del programa le ha supuesto muchos beneficios. Por un lado el sistema le permite que un ciudadano esté acogido en una residencia privada por un precio muy inferior a lo que le cuesta a la misma Generalitat una plaza en una residencia geriátrica pública gestionada por ella misma. Por otro, desde un punto de vista más "politiquero”, le ha permitido decir en público que tenía miles de plazas "de financiación pública”, metiendo en el mismo saco las que ha construido ella y todas las del programa que no le han costado nada y en las que sólo paga una parte de un precio tasado cuando están ocupadas.

Como los precios que marca la Generalitat para residentes del programa está por debajo de los de mercado, al principio las residencias llamadas "colaboradoras” eran reacias a ingresar mayores beneficiarios. A medida que se fueron abriendo más y más centros y que empezaron a aparecer plazas vacantes en muchas residencias catalanas, éstas empezaron a buscar a estos posibles residentes.

A todo esto se produce el cambio de gobierno y entra en la consejería de Bienestar y Familia Anna Simó, de Esquerra Republicana. Los nuevos gobernantes anuncian que quieren cambiar la Ley de Servicios Sociales y se manifiestan fervorosos defensores de "lo público”. Se oyen manifestaciones en el sentido de que lo más importante es potenciar la atención domiciliaria dejando como última prioridad las residencias geriátricas; que su función no es dar dinero a ganar a los empresarios del sector o que la mitad de las plazas en Cataluña deberían ser públicas. Mientras se anda el camino hacia el nuevo sistema, sigue funcionando el existente aunque desde las empresas se empieza a notar el cambio.

Retrasos en la gestión de las ayudas que generan demoras en el pago a las residencias de la cuota pública; mantenimiento de precios por debajo de mercado y, sobre todo el estancamiento en la concesión de ayudas para acceder al programa hacen reaccionar a las patronales.

En cuestión de semanas la Asociación Plataforma (encuadrada en la Federación Nacional de Centros y Servicios para Mayores) anuncia que estudia la presentación de un recurso contra los precios públicos marcados por la Generalitat. La Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) emite una nota de prensa en la que denuncia que, mientras unas 1.800 personas con derecho a obtener ayuda pública para ingresar en una residencia la están esperando, hay unas 1.600 plazas públicas en residencias privadas sin ocupar. La consejería lo niega y el Síndic de Greuges (defensor del pueblo) abre una investigación tras comprobar "in situ” que la existencia de plazas libres es cierta. Mientras, los medios divulgan la noticia y la cuestión entra en la arena política.

¿Quién tiene la razón? Atendiendo a la estricta legalidad la Generalitat dice la verdad ya que dentro del Programa, las plazas financiadas con fondos públicos son únicamente las ocupadas. En ese sentido no sería cierto decir que hay 1.600 plazas públicas desocuadas. En cambio, atendiendo al sentido común, tiene razón ACRA.

Esta patronal acordó con la Generalitat en el 2.000 un protocolo de mejora de la calidad y la financiación de los servicios que supuso la realización de un gran esfuerzo por parte del sector. Las residencias colaboradoras han contratado desde entonces a un amplio abanico de profesionales (psicólogo, trabajador social, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta o educador social) que antes no tenían y han incrementado las horas de médicos, enfermeros/as y auxiliares. Además, este aumento de contratación ha beneficiado tanto a los residentes "de programa” como a los que ya estaban en la residencia sin que éstos últimos hayan visto incrementado lo que pagan. Desde el año 2.000 las residencias han ido, además, asumiendo nuevos gastos que antes no tenían y que provienen de la aplicación de leyes de protección de datos o seguridad e higiene en el trabajo entre otras.

Estas circunstancias, acompañadas del magro incremento de lo que paga la administración y empeoradas por el aumento de competencia y estancamiento en la concesión de ayudas, ha extendido extendido en el sector la sensación de que la Generalitat les ha dado la espalda.

Aunque las patronales se comporten con cierta diplomacia, los empresarios (especialmente los pequeños) muestran en privado su desazón y pesimismo. Y es que, aunque la Generalitat puede tener razón en que las 1.600 plazas en residencias geriátricas desocupadas no son públicas stricto sensu, no se puede olvidar que hay una relación directa entre número de plazas y de empleados y que, si la situación se mantiene, las residencias se verán obligadas a despedir o a no renovar a entre 700 y 800 personas a jornada completa.

La Generalitat, como todas las otras administraciones con competencia en servicios sociales, tiene en sus manos una opción que puede cambiar el futuro del sector. Si decide seguir invirtiendo dinero público en la construcción de residencias que después puede gestionar ella misma o dar a gestión privada estará estará desviando unos recursos no desdeñables a la compra de ladrillo en vez de a la prestación de servicio. En cambio, si adopta soluciones imaginativas como las que ya se están llevando a cabo en otras comunidades autónomas (de diferentes colores políticos), puede conseguir que cada euro gastado lo sea en atención dejando que sea la iniciativa privada la que gaste en ladrillo.

Existen muchas fórmulas a aplicar y, en esta época tan mediática que vivimos. ¿No ha llegado el momento para un gesto de "salto adelante” por parte de la administración?

 

Una noticia de especial interés para gestores de residencias geirátricas en Cataluña