La reforma del MADEX que ahora se aplicará fue elaborada a lo largo del año
pasado en el Pacto con el Consejo de Personas con Discapacidad y constituyó 5
grupos de trabajo técnico en materias de Transporte, Costes, Atención Temprana/Habilitación
Funcional, Centros de Atención Diurna y Centros Residenciales, constituidos por
el Servicio Extremeño de Promoción y Atención a la
Discapacidad (SEPAD) y el Comité de Representantes de Personas con
Discapacidad.
De esos trabajos salieron cuatro acciones fundamentales: reformar la «puerta única» de entrada para la participación de las asociaciones en el acceso de las personas a los servicios; flexibilizar de los criterios de los servicios manteniendo siempre la calidad; crear nuevos perfiles profesionales; incluir cláusulas sociales en la concertación de los servicios, y planificar y zonificar los servicios.
Estas novedades pretenden mejorar también el acceso a la atención temprana, a la rehabilitación y mejorar la coordinación entre los servicios. También se implementarán planes de acción sobre discapacidad en el mundo rural, educación inclusiva, accesibilidad universal o mujeres con discapacidad.
Extremadura tiene un crecimiento vegetativo negativo desde el año 2000. Para 2020 se prevé que la estructura de la población en vez de una pirámide sea una seta, lo que obliga reestructurar servicios y a pensar en las políticas de envejecimiento. Además, se ha producido un cambio de los movimientos migratorios, menos hacia el extranjero y más hacia otras comunidades autónomas, además de despoblación de los pueblos, por entender que en la ciudad se dispone de más recursos.
Para retener a la población, Extremadura ha reabierto las urgencias rurales, ha abogado por la promoción de la autonomía personal y promueve acciones a favor del envejecimiento activo.
Extremadura cuenta con 1,1 millón de habitantes con una densidad de entre 24 y 26 por kilómetro cuadrado y es la séptima región española más envejecida.