LA GENERALITAT RECHAZA LA ILP PARA PRIORIZAR LOS PAGOS DE LA DEPENDENCIA

La respuesta de la Generalitat a la propuesta de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca priorizar el pago de los servicios a la dependencia para así evitar futuros impagos, ha llegado en forma de informe con una contundencia inusitada.

Lo leemos en la Vanguardia de 14 de abril, y entendemos que la Generalitat ve en la eventual aprobación de la ILP una limitación de su capacidad de maniobra para gestionar la tesorería que podría ser lesiva para el interés general.

La Asociación de directores de residencias ASCAD, promotores de la ILP pretendían que la ley priorizase los pagos correspondientes a servicios de la gran dependencia, el informe considera que, de aprobarse,  "comportaría el establecimiento de una nueva restricción en el margen de maniobra con el que se puede actuar en la gestión de la tesorería" añadiendo que "El Govern debe valorar cada mes las prioridades de pago en base a las obligaciones legales y a los compromisos existentes".  Según el informe "las prioridades que se siguen en los pagos priorizan, en primer lugar, las obligaciones financieras", seguidas de las nóminas de los empleados públicos y, de los compromisos con el sector social.

Esta claro que la Generalitat quiere que esas prioridades en el pago las establezcan ellos mismos y no constreñidos por una Ley.

La reacción de ASCAD ha sido contundente y, en boca de su vicepresidente Iñaki Anton, han respondido que "Es inconcebible que el Govern rechace blindar estos pagos esenciales y priorice las nóminas y los créditos".

La decisión la tendrá que tomar en pocos días la Mesa del Parlament en la que el partido que gobierna no cuenta con mayoría.  

Mientras esperamos esta decisión, ASCAD ha difundido un documento con diez razones para apoyar la Iniciativa Legislativa popular y una reflexión de su presidente Andrés Rueda en la que explica el papel clave que jugará Esquerra Republicana en la decisión final y en qué circunstancias se ha pedido el informe difundido que desaconseja la tramitación de la iniciativa.