CONCLUSIONES DEL CONGRESO AMRTE

Más de 200 asistentes, entre profesionales, empresarios y representantes de la Administración local y autonómica, se han dado cita en el II Congreso Regional de la Asociación Madrileña de Residencias de Tercera Edad y Centros de Día (AMRTE), celebrado en IFEMA en el marco de ORTO-PRO CARE ESPAÑA 2008. Los asistentes, que han debatido, entre otros temas, sobre la excepcionalidad del cuidador informal, el retraso de los pagos por parte de la Administración y los conciertos, han coincidido en la importancia de avanzar en la aplicación de la Ley de Dependencia y en la necesidad de una mayor colaboración entre el sector público y privado.

(Madrid, 01/12/2008). El II Congreso Regional de AMRTE ha servido para poner sobre la mesa la difícil situación social y profesional en la que se encuentra el sector. Las conclusiones del Congreso serán trasladadas a la Administración, con el objetivo de que los responsables políticos valoren el balance que el sector privado ha realizado sobre la situación actual de la Ley de Dependencia y sus repercusiones.

Pilar Dávila, coordinadora de Protección Social e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, fue la responsable de inaugurar la jornada. En su discurso, destacó la colaboración de la corporación municipal con las entidades privadas, públicas y sin ánimo de lucro para "construir la mejor red social posible, a través de conciertos o gestión indirecta". En este sentido, explicó que en 2003 había 1.335 plazas en centros de día. Actualmente, "la cobertura es casi total con 4.303 plazas, lo que supone un crecimiento del 200%. No obstante, aún nos queda mucho trabajo por hacer para que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades". Por su parte, Ignacio Fernández-Cid, presidente de AMRTE, insistió en "la excelente oportunidad que supone tener reunidos en una misma sala a representantes de la Administración local y autonómica, empresarios y profesionales de la atención a las personas mayores. La colaboración entre el sector público y privado debe ser prioritaria para que la Ley de Dependencia salga adelante".

El vicepresidente de AMRTE, Mariano López de Ayala, abrió la primera mesa redonda recordando que actualmente el Estado ha recibido 641.000 solicitudes de valoración, de las que el 85% ya han sido valoradas. Por otra parte, el 75% de los 400.000 dependientes que tienen derecho a beneficiarse de la Ley recibe una prestación económica directa. "Nos estamos olvidando de que la Ley es de servicios sociales. Resulta muy preocupante que la excepcionalidad del cuidador informal se esté convirtiendo en la norma", aseveró López de Ayala. La portavoz de Servicios Sociales del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Carmen Sánchez, también criticó que se esté concediendo más ayuda a la excepción que al servicio: "La Ley tendrá que mejorar y potenciar los centros de día, las residencias y demás servicios. Las comunidades autónomas se tienen que poner las pilas".

La delegada de Coordinación de la Dependencia de la Comunidad de Madrid, Anabel Martín, realizó un balance positivo de la Ley, pero con reservas: "Hasta abril de 2007 no había baremo desarrollado y se acaba de acordar el copago y los criterios de acreditación. Pero en la Comunidad de Madrid atendemos la dependencia desde hace mucho tiempo. Concretamente, en 2008 hemos destinado 790 millones de euros para la aplicación de la Ley. Los madrileños ya perciben prestaciones económicas. Además, actualmente, tenemos 24.000 plazas residenciales, 17.000 para discapacitados y 3.700 en centros de día". Sin embargo, Carmen Sánchez contradijo a su compañera de mesa afirmando que la CAM tiene un "retraso considerable. El porcentaje de dependientes que se benefician de los servicios y prestaciones es mínimo. Una cosa es la atención que Servicios Sociales venía dando y otra bien distinta es la atención a la dependencia. Madrid es, además, la comunidad autónoma con un menor porcentaje de personas valoradas".

Ante las posturas irreconciliables de las responsables políticas, el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, concluyó con una aplaudida frase: "Mientras los políticos discuten, el chaparrón cae sobre los empresarios". Además, Echevarría discrepó de lo dicho por sus compañeros al afirmar que la Ley no es buena: "No tiene un buen encaje jurídico. El Consejo Territorial ha cerrado acuerdos sin rango normativo que las comunidades no tienen la obligación de trasladar a su legislación. Cada una sacará su propia normativa. Por otra parte, la Ley nace a espaldas de Sanidad y sin financiación. La realidad es que cada vez hay más plazas residenciales vacías, entre el 20 y el 25%, y aumentan los ratios de personal pero se mantienen los precios de concertación". Como consecuencia, informa Mariano López de Ayala, entre el 10 y el 15% de las empresas de servicios sociales están cerrando.

La segunda mesa redonda se centró en las repercusiones de la Ley de Dependencia en el sector y la problemática real en residencias y centros de día. El director general del Mayor de la CAM, José María Alonso Seco, aseguró que desde la Consejería de Familia y Asuntos Sociales "estamos diseñando un mapa para conocer dónde se necesitan las plazas residenciales, según los recursos asistenciales especializados: Alzheimer, demencias, etc.". Alonso Seco destacó también la calidad de las residencias y centros de día de la Comunidad de Madrid, así como la cada vez mayor cualificación de los profesionales.

Por su parte, el director general del Mayor del Ayuntamiento de Madrid, Florencio Martín, destacó la evolución de los centros de día, "un servicio que seguirá creciendo. Además, desde el punto de vista económico la relación entre la mejora de la calidad de vida de los mayores y su coste es muy buena: entre 800 y 1.100 euros al mes". En cuanto a los conciertos, Florencio Martín aseguró que "el mercado es un territorio donde la libre competencia mejora la optimización de los recursos. Para nosotros la calidad es prioritaria, no tiramos los precios". Por otra parte, el director general del Mayor del Ayuntamiento de Madrid anunció que, a través de una institución mixta, "los empresarios podrán optar a suelos públicos en los que construir los centros y también gestionarlos".

El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de AMRTE, Pablo Martín, explicó a los representantes de la Administración que para cumplir con las concesiones de los concursos públicos, cada vez m&aa