EL DINERO DEL CONCIERTO NO LLEGA A LA RESIDENCIA DE SANT ESTEVE SESROVIES

La peculiar situación que vive la residencia Can Serra en Sant Esteve Sesrovires ha saltado a la luz cuando la patronal ACRA ha hecho pública una denuncia sobre el hecho de que el Ayuntamiento en vez de pagar a la empresa gestora la cantidad que recibe de la Generalitat en concepto de concierto, utilice parte del dinero para otras finalidades como pagar la hipoteca del edificio.

A continuación reproducimos la nota de ACRA y recomendamos leer una opinión en el blog de Josep de Martí.

ACRA denuncia que el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires está llevando al límite el equilibrio financiero la Residencia y Centro de día Can Serra al no abonar al centro el 100% de lo que recibe del ICASS, Generalitat de Cataluña, en concepto de atención a usuarios del sistema público de atención a la dependencia. La entidad Innovación y desarrollo asistencial SL (IDEA), ha alertado a ACRA que los € 465.000 que les debe la Sociedad Municipal se deben añadir los € 110.000 del impago del ICASS del julio del año pasado.

Si los actores públicos implicados en el centro no reaccionan bien ante la alerta de la entidad gestora, muy pronto ésta no podrá hacer frente a sus responsabilidades con trabajadoras y proveedores, poniendo en una en una situación límite también la atención de los 130 usuarios del servicio. Por estos motivos, ACRA apoya IDEA a la hora de reclamar a este Ayuntamiento del Baix Llobregat que restablezca el equilibrio económico financiero de la concesión abonando el 100% de lo que recibe del CASS y regularizando los saldos pendientes, así como la facturación de las plazas de respiro que factura directamente.

Igualmente, la empresa pide al ICASS que intervenga el contrato existente para asegurar que el pago correspondiente al servicio asistencial desarrollado lo reciba la entidad que gestiona el equipamiento para el pago de nóminas y proveedores. Además, y ante la gravedad de una posible repercusión en el servicio a los usuarios del centro, IDEA ya ha denunciado el asunto al Defensor del Pueblo de Cataluña pidiéndolo que intervenga para asegurar el derecho de las personas que ocupan plazas concertadas a ser atendidas y que restablezca que el perjuicio empresarial que está sufriendo por la falta de respuesta de las Administraciones Públicas.