>¿PERO QUÉ PASA EN MADRID?

>Un anuncio hecho por la Comunidad de Madrid recientemente ha hecho saltar alarmas generando todo tipo de exclamaciones.

A ver. Lo que publica la web de la Comunidad es:

La Consejería de Familia y Asuntos Sociales pondrá en marcha este nuevo servicio a través de una tarjeta electrónica personalizada o de un cheque servicio, que servirá para sufragar parte del coste de los servicios reconocidos en el Programa Individual de Atención (PIA). La cuantía podrá alcanzar los 831 euros mensuales, en función del grado y nivel reconocido a la persona en situación de dependencia y de su capacidad económica.
Esta tarjeta electrónica contendrá una banda magnética personalizada con los datos del usuario en la que únicamente se podrán cargar las prestaciones reconocidas por el órgano competente en materia de dependencia de la Consejería. Esta tarjeta se podrá anular en caso de pérdida, modificación del PIA o fallecimiento de su titular y su información se actualizará también de manera automática todos los meses.
Los talonarios también estarán personalizados con los datos del usuario y el importe de la prestación que le corresponda. En este caso, el titular contará con un número predeterminado de talones, que tendrán un periodo de caducidad y contarán con medidas de seguridad que impidan su falsificación. Ver noticia

UGT se ha lanzado a la yugular del sistema propuesto y ha dicho que «fomenta el despilfarro y discrimina a las personas según su renta»

CCOO lo considera manipulador.

El PSOE no se queda corto y dice que «lo que los ciudadanos necesitan cuando sufren determinadas situaciones es un Gobierno cercano, una Administración inteligente y sensible, y no una presidenta que les diga ‘toma el dinero y búscate la vida'». Ver noticia

Yo me pregunto ¿no es bueno que me dejen elegir, si quiero elegir, entre «gobierno cercano, adminstración inteligente y sensible» o coger el dinero?

A mí la verdad, cuando oigo «administración inteligente y sensible» me da la risa. Soy más de los de «admnistración eficaz y eficiente». Pero entiendo que haya gente que crea en lo que a mí me parece hilarante de igual forma que respeto que otros critiquen mis posiciones. Más allá de eso, repito, ¿no es lo mejor aquéllo que me permite elegir entre varias opciones?

El sistema debe ofrecer plazas financiadas con fondos públicos (públicas o concertadas) para las que lo quieran y estén dispuestos a pagar el copago. También debe ofrecer la opción de una prestación vinculada para los que lo prefieran y, además puedan y estén dispuestos a pagar la diferencia por la ventaja de elegir una residencia más ajustada a sus gustos.

La Ley de Dependencia, a diferencia de la Sanidad Pública, prevé una prestación vinculada. Imaginemos que un día se implanta ésta en la sanidad y una persona a la que se le diagnostica un a determinada afección que requiere de una operación, pudiera elegir entre operarse en un hospital de la red pública u obtener una cantidad que sólo pudiese gastar en practicarse esa misma operación en una clínica privada pagando la diferencia. ¿Sería malo? En mi opinión sería tan malo si fuese obligatorio como bueno si fuese opcional. Además tendría un plus de bondad en la medida en que esa opción apareciese en una Ley aprobada en el Parlamento.

Alguien puede oponer que la Ley de Dependencia reserva la prestación vinculada para casos en que no es posible prestar un servicio público o concertado. Es cierto, pero, si aceptamos que algo «excepcional» como la prestación para el cuidado no profesional representa un 50% de las prestaciones (perdón un 49,99% a 1 de febrero de 2010), por qué no aceptar que la voluntad de la persona pese a la hora de elegir entre centro público o ayuda económica vinculada.

Para los que consideren a la Comunidad de Madrid como unos ultraliberales, retrógrados y ultraderechistas, recomiendo la lectura de los datos de gestión del SAAD de Febrero de 2010. Verán que en Extremadura el 20% de las prestaciones que se están prestando son vinculadas, en Aragón el 19% y en Cataluña el 12% (por mencionar sólo comunidades socialistas), estas mismas comunidades otorgan prestaciones económicas para el cuidado no profesional en el (41%, 65% y 58% respectivamente).