>Creo que casi todo el mundo que trabaja en el sector de las residencias pensará que “eso de la incapacitación”, la autorización judicial para ingresar a personas con demencia y los requisitos para poder inmovilizar a una persona son problemas reales que periódicamente preocupan y que, normalmente se solucionan a efectos prácticos presentando “un papel ante una institución”. Cuando hablo de “Eso de la incapacitación” me refiero a: ¿Está obligada la residencia a comunicar algo al Ministerio Fiscal o al juez cuando un residente deja de tener suficiente capacidad como para tomar decisiones por sí mismo?, ¿Se debe insistir a los familiares para que inicien ellos el proceso de incapacitación? Durante los últimos años he asistido a diversas jornadas y conferencias en las que he escuchado a expertos del mundo jurídico recomendar que la residencia comunique al Ministerio Fiscal la presencia de un presunto incapaz, yo mismo lo he recomendado […]