Los presidentes se reúnen para hablar, entre otras cosas de dependencia y atención a mayores

El envejecimiento de la población fue uno de los temas clave en la VI Conferencia de Presidentes celebrada el pasado mes de enero.(Más información sobre la conferencia)

En ella, además se trataron como temas prioritarios de cara al futuro la atención a la dependencia, la atención social y el envejecimiento de la población.Las entidades sociales llevan años advirtiendo de que estos tres temas son fundamentales y condicionan la vida de millones de personas, pero que han sufrido recortes en los dos primeros casos que han llevado a una situación límite y en el segundo se ha producido una falta de atención y previsión en un país en el que la despoblación y caída de natalidad, además de factores sociales, hacen que los mismos políticos que no proponen acciones, sean los que asusten a los jubilados presentes y futuros con que el sistema de pensiones no es sostenible.

El envejecimiento preocupa a los responsables políticos

Es una buena noticia, pues, que las Comunidades Autónomas traten estos temas de manera seria y que adquieran compromisos. De hecho, se decidió crear en el plazo máximo de un mes de una comisión de expertos propuestos por el Gobierno y las comunidades para abordar aspectos concretos del modelo actual de servicios sociales. Uno de ellos es la dependencia, importante en todas las franjas de edad, pero especialmente fundamental en la tercera edad. En este sentido, las siete comunidades presididas por el PSOE presionaron incluirla de manera específica dentro de la financiación, pues son las propias comunidades las que generan, y hasta ahora financian en mayor parte, los servicios vinculados a ella.

Una tarjeta para identificar a mayores dependientes

Es un hecho que el Estado no cumple de manera ya crónica con la Ley, que establece una financiación paritaria entre él y las comunidades, pues en general no pasa del 15-20 %, hecho que reprochan todos los gobiernos autonómicos, sino en público, en privado. Una de las ideas que salió de la Conferencia es la creación de una «tarjeta social», destinada a coordinar los programas de los distintas administraciones públicas. Esta tarjeta, según los datos que aporta el borrador de la reunión, funcionaría como acceso al Registro de Prestaciones Sociales Públicas y permitirá conocer en tiempo real, gracias a su actualización permanente, las prestaciones sociales de contenido económico que bajo distintas fórmulas gestionan la Administración General del Estado, las comunidades, las corporaciones locales e incluso ONG. Sin embargo, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, rechazan la iniciativa por considerar que sería un gasto inútil, pues no mejora el control de las prestaciones recibidas por parte de personas desempleadas o en situación de vulnerabilidad, pues son datos que se tienen ya en tiempo real a través del DNI o el NIE y en el caso de prestaciones que gestionan las Comunidades Autónomas y las entidades locales, están todas vinculadas al empadronamiento, por lo que resulta difícil que estén duplicadas. Por otra parte, señalan que esta tarjeta estigmatiza a las personas a las que se les facilita, es como darles un «carnet de pobres».

Se trata de una posición que apuntan como reaccionaria al querer contar el número de pobres y controlarlos, a la vez que desmonta una seña de identidad del estado de bienestar, que es su carácter universal y establecer un padrón de beneficencia, porque para percibir prestaciones, hay que acreditar que se es pobre, como en décadas pasadas. Es muy importante que la VI Conferencia de Presidentes alerte de los efectos que ya se están sufriendo en cuanto al rápido envejecimiento de la población, con la bajada de natalidad y el descenso de población joven. Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) pronostican un país donde la tercera edad será la mayor franja de población y en el que los hogares con una sola persona crecerán un 20 %. En cifras, si no se ponen medidas drásticas y rápidas, España perdería en 2066 hasta 5,4 millones de habitantes de los 46,4 millones actuales, un11 %. Actualmente, diez las comunidades autónomas presentan ya saldo vegetativo negativo. Y por primera vez en muchos años, 2015 ha registrado mayor número de defunciones que de nacimientos. A 1 de enero de 2016 se computaron 99 439 habitantes menos que el año anterior, un descenso del 2,7 %.

Se pinta un panorama bastante desolador, población envejecida (lo que implica necesidad de más plazas en residencias de tercera edad), zonas rurales dispersas y despobladas, emigración de las generación jóvenes que tras su formación no revierten en el país sus conocimientos y trabajo, desequilibrios demográficos y territoriales. Otra causa son el descenso de la inmigración. Las políticas de freno a la misma o la propia coyuntura económica frenan la llegada de inmigrantes, que constituyen un apoyo demográfico pues son jóvenes, no usan servicios sociosanitarios (los grandes usuarios, como es natural por razones biológicas, son los de la tercera edad) y contribuyen al PIB. Los desequilibrios territoriales son también un factor importante de cara al futuro. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid se espera que aumente en 331 453 habitantes hasta 2031 (5,2 %), mientras que en Galicia, Castilla y León, Asturias y Aragón la despoblación parece un problema imparable. Es bueno abordar los problemas de envejecimiento, dependencia y servicios sociales desde las altas instituciones y que están en la agenda política, pero lo que urge es que se empiecen a dar pasos que consoliden las prestaciones, apoyen la creación de servicios y promuevan políticas de envejecimiento activo paralelas a las de promoción de la natalidad y para fijar la población.Muchas personas mayores, en un número alto con grados diversos de dependencia, no pueden seguir esperando a que las administraciones convoquen reuniones para ponerse de acuerdo y que luego los plazos se prolongues o, simplemente, se quede todo en buenas intenciones.

Quien precisa una plaza en una residencia de mayores, una ayuda domiciliaria o de otro, ni él ni su familia, entenderá que le digan que no hay no está contemplada en un plan de acción o que el presupuesto está cerrado, la necesidad es del momento y debe solucionarse en el momento. Es responsabilidad de la administración, es decir, de quienes están al mando de las instituciones, que el bienestar de las personas sea una prioridad y es responsabilidad de los ciudadanos exigir que así sea.