La Generalitat no pagará las plazas desocupadas desde el 18 de junio, pero sí subida del precio de las plazas de 196€ y 900€ al personal asistencial… a partir de septiembre

En Cataluña la Generalitat se comprometió a pagar durante la pandemia las plazas colaboradoras y concertadas que quedasen desocupadas, y así lo ha hecho.   Esto que acabo de escribir es lo que entendió todo el mundo aunque lo cierto es que ese pago estaba comprometido durante el tiempo que durase el estado de alarma, algo que acabó el 18 de junio pasado.

En los últimos días varias residencias me han llamado para decirme que al consultar el sistema informático de nóminas de la Generalitat ven que no pueden cobrar las plazas libres a partir de esa fecha.  Nadie les había dicho nada, pero en el sistema aparece y, cuando han conseguido contactar con alguien responsable les han hecho saber que la cosa es así y no hay nada que hacer.

Las residencias en Cataluña están bastante enfadadas con la Generalitat.  La Asociación patronal mayoritaria, ACRA, lo ha constatado en una encuesta a sus residencias asociadas en la que la gestión de administraciones públicas suspende con un 3,9 sobre 10 y en la que el 86% considera que los recursos proporcionados por las administraciones fueron insuficientes.

Como casi todo en la pandemia, la afectación es desigual.  No a todas las residencias les afecta de forma igual que se dejen de pagar las plazas que no se pueden ocupar.

Las más afectadas se encuentran en una situación muy difícil.  Por un lado, las que son consideradas residencias verdes pueden hacer ingresos, aunque para ello deben tener un plan de contingencia que debe prever que unas plazas se quedarán siempre vacantes ¿las cobrarán? De momento les han dicho que no, pero que “se está estudiando”.  Por otro lado, algunas residencias ven como los planes de contingencia elaborados siguiendo los criterios establecidos por Salud en Mayo les son devueltos por no reunir los requisitos.  A veces por cosas como que «en el plan de formación dada al personal no consta el manejo de vajilla procedente de zonas contaminadas”.  Otras veces, porque no especifican suficientemente que disponen de una bolsa de trabajo para cubrir eventuales bajas.  Lo cierto es que la Generalitat y todo el mundo, sabe que en caso de rebrote, muchos (o todos) los que estén en la bolsa encontrarán excusas para no incorporarse.

Hablando con gerentes de residencias noto un abanico de sensaciones, muchas de ellas orientadas hacia el decaimiento.  Cada vez tienen que aceptar condiciones que suponen incrementar el coste de la plaza sin que puedan aumentar los ingresos (algunas residencias, para ver aprobado su plan de contingencia han tenido que aumentar el personal de limpieza por encima de lo que establece la normativa);  Tienen que hacer declaraciones responsables que parecen pensadas para pedirles responsabilidades si pasa algo y encima y la recuperación del sector privado se ve amenazada por la situación económica y la mala prensa generada, también en parte, por las propias administraciones.  La situación económica de muchos proveedores de servicios, con y sin ánimo de lucro, están al límite.

Y así afrontamos la entrada de Agosto.  La Generalitat ha decidido hacerlo cómo pagará los 900 Euros a los profesionales que han trabajado en residencias durante la pandemia.  Habrá que esperar a un Decreto que dicen publicarán en septiembre.  Se podrán beneficiar los empleados de residencias públicas gestionadas por entidades privadas y las residencias privadas con plazas concertadas, colaboradoras y PEVS.   Serán 900 euros para todos los trabajadores de atención directa que hayan estado en activo entre el 1 de marzo y el 31 de mayo (con un pago proporcional si sólo han estado parte del tiempo).  Tendremos que esperar a septiembre a ver los detalles.

Como me fío más de lo que se publica en un boletín oficial que en los anuncios, a esperar toca.

Sinceramente espero que las cosas durante agosto se tranquilicen y a partir de septiembre se vayan normalizando los ingresos públicos y privados.  En la mano de los poderes públicos está una buena parte de la responsabilidad de que esto sea así por lo que espero que estén acertados, encuentren la forma de pagar las plazas desocupadas, por lo menos las que tienen que estarlo obligatoriamente, ayuden algo más en la elaboración de los planes de cotingencia, y aceleren el pago del complemento de 900 Euros a quienes han trabajado durante lo más duro de la pandemia.

Por último, hoy en CanalSalut he sabido esto:

El Gobierno aprueba un Decreto ley para dar cumplimiento al plan de contingencia del ámbito residencial contra la Covid-19

• El Decreto ley garantiza la financiación y las actuaciones recomendadas para proteger las residencias y centros de atención diurna de personas mayores y las personas con discapacidad y con problemas de salud mental de posibles rebrotes de Covid-19.
• El plan de contingencia representa una inversión de 50 millones de euros para los próximos seis meses
• Se prorroga la medida que las familias que acogen a niños con progenitores hospitalizados por coronavirus puedan seguir cobrando la prestación por acogimiento

El Gobierno ha aprobado un Decreto ley para hacer posible el plan de contingencia para proteger el ámbito residencial de posibles rebrotes de Covid-19. Este plan incluye financiación y medidas protectoras para los centros residenciales y los de atención diurna de personas mayores, personas con discapacidad y con problemática derivada de enfermedades mentales, y representa una inversión de recursos, para los próximos seis meses de 50 millones de euros.

El Decreto subraya la necesidad de aplicar nuevas medidas de seguridad y protección de las personas residentes, medidas adicionales higiénicas y de desinfección, cambios organizativos, adaptación a la nueva dinámica de visitas y salidas, un incremento de ratio de recursos humanos de atención directa , la modificación e intensificación de turnos horarios, así como la reserva de plazas vacías a efectos de poder hacer las correspondientes sectorizaciones.

Centros de carácter residencial

Para que los centros puedan afrontarlo con garantías, se aprueba un aumento de tarifas. En concreto, los servicios sociales de carácter residencial de la red de atención pública de personas mayores y para personas con discapacidad física o intelectual con concierto social de la modalidad de gestión delegada, concertados, colaboradores, y subvencionados del Departamento de Trabajo Asuntos Sociales y Familias, desde el 1 de julio de 2020 y mientras dure la situación de emergencia derivada de la Covid-19, cobrarán 196,30 euros adicionales mensuales por plaza, que se destinarán al refuerzo del personal de atención directa, principalmente gerocultor y personal auxiliar, por los costes adicionales para la compra de material de protección EPI y la intensificación de las medidas adicionales de higiene relacionadas con la Covid-19. En el caso de hogares residencia, el aumento será de 62,80 euros adicionales mensuales por plaza.

Por otra parte, para mejorar la capacidad a los servicios residenciales acreditados de personas mayores en la implementación con éxito de las medidas de sectorización y la capacidad de aislar ante casos probables o confirmados de Covid-19, las residencias dispondrán de una reserva de plazas libres de ocupación que se acordarán con los referentes del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y del Departamento de Salud, por cada ámbito territorial de acuerdo con la situación y características de las residencias. El Departamento garantiza la financiación de estas plazas mientras permanezcan vacías.

Centros de atención diurna

Los centros de día de personas mayores de la red de atención pública percibirán 60 euros adicionales por usuario y mes correspondiente al refuerzo del personal auxiliar de atención directa y en la compra de EPI y medidas adicionales de higiene relacionadas con la Covid-19 . En el caso de los centros de día de terapia ocupacional y los centros de atención especializada para personas con discapacidades, percibirán 62,80 euros adicionales por usuario y mes. Los centros de día ocupacionales de inserción (SOI) para personas con discapacidades cobrarán 31,40 euros por usuario y mes.

De forma extraordinaria y transitoria mientras dure la situación de crisis sanitaria provocada por la Covid-19, el servicio de estancia, las actividades de dinamización sociocultural, las actividades de ocio y la manutención propias de los servicios de acogida diurna pueden prestarse en espacios alternativos o equipamientos comunitarios adecuados que cumplan los requisitos de seguridad, higiene, aforo, ventilación y accesibilidad bajo la responsabilidad del titular del servicio de acogida diurna autorizado.