Reclamaciones judiciales por el uso de sujeciones en residencias de mayores

En los últimos años, las reclamaciones judiciales contra las residencias de mayores han aumentado significativamente, impulsadas por la alta presión asistencial y la creciente judicialización del sector. Destacadas han sido las reclamaciones judiciales por el uso de sujeciones en residencias de mayores.

La mayoría de estas reclamaciones se han centrado en fallecimientos ocurridos durante la pandemia y en determinados actos asistenciales, como lesiones posturales no tratadas, broncoaspiraciones, caídas, errores en la administración de medicamentos, entre otros.

Existen circunstancias personales y patologías que, en ocasiones, requieren la adopción de medidas extraordinarias para evitar accidentes entre los residentes. Entre ellas, el uso de sujeciones físicas y farmacológicas es una de las más controvertidas.

Estas medidas no están exentas de riesgos y, en muchos casos, pueden generar efectos adversos mayores que los beneficios que se pretenden alcanzar. De hecho, en la última década, algunas residencias han demostrado que es posible garantizar la seguridad de los mayores sin recurrir a sujeciones.

Las sujeciones solo deben aplicarse como último recurso, siempre bajo criterios médicos justificados y con el consentimiento informado del residente o de su familia. En este sentido, la Ley de Autonomía del Paciente (Ley 41/2002) refuerza, por analogía, el derecho de las personas mayores a ser informadas y a decidir sobre su tratamiento. La firma de un consentimiento informado adecuado es fundamental para garantizar este derecho.

Un caso judicial: fallecimiento por asfixia con sujeciones

Dentro de las reclamaciones judiciales por el uso de sujeciones en residencias de mayores, uno de los casos más relevantes en este ámbito es el analizado en la Sentencia de la Audiencia Provincial del 5 de diciembre de 2016. Resolvió una reclamación interpuesta por los familiares de una residente que falleció asfixiada durante la noche mientras permanecía con sujeciones mecánicas.

El tribunal examinó las circunstancias del fallecimiento, atribuido a una asfixia mecánica mixta por compresión abdominal y posicional, derivada de la bajada de la barra de seguridad de la cama. La cuestión clave en el proceso judicial fue determinar si existía responsabilidad del centro en cuanto al funcionamiento de las medidas de contención y al deber de vigilancia del personal.

¿Cómo se analizó?

Para ello, se realizaron dos análisis:

• Uno sobre el mecanismo de la barandilla de la cama y la posición del cuerpo de la residente.
• Otro sobre un posible incumplimiento del deber de vigilancia por parte del personal del centro.

El informe del médico forense determinó que no quedaba acreditado un nexo causal entre la asfixia y una negligencia del personal. Según su análisis, existía la posibilidad de que la propia residente, que padecía un avanzado estado de Alzheimer, hubiera sufrido una crisis convulsiva que le permitiera desbloquear el pestillo de la barandilla. Esto habría provocado la bajada de la barandilla, la inclinación de la cama y la asfixia debido al cinturón de contención.

Por otro lado, el tribunal concluyó que el personal del centro no incurrió en negligencia al no vigilar de manera continua a la residente. En el turno de noche, la labor del personal de enfermería consistía en realizar cambios posturales en intervalos regulares.

El hecho de que la supervisión se retrasara entre 30 y 45 minutos no se consideró una omisión del deber de vigilancia ni un elemento determinante en el desenlace, dado que el suceso fue calificado como fortuito e imprevisible.

Finalmente, la sentencia desestimó la demanda de los familiares en la jurisdicción civil. No obstante, en otros casos similares, las reclamaciones pueden llegar a la jurisdicción penal mediante denuncias o querellas por presuntos delitos de lesiones u homicidio imprudente.

Riesgos legales para el personal de las residencias

Cuando un caso de este tipo se dirime en el ámbito penal, el escenario procesal implica mayores riesgos, ya que el personal del centro puede enfrentarse a penas de prisión e inhabilitación profesional. Además, aunque las indemnizaciones suelen estar cubiertas por seguros de responsabilidad civil, la repercusión de estos procedimientos puede ser grave tanto a nivel personal como institucional.

Este tipo de situaciones refuerzan la necesidad de una correcta planificación asistencial en residencias, con protocolos claros sobre el uso de sujeciones. También de una formación adecuada para los profesionales, minimizando así los riesgos legales y, sobre todo, garantizando la seguridad y dignidad de los mayores.

Dada la creciente judicialización en el sector de las residencias de mayores, es fundamental que estos centros cuenten con un seguro de responsabilidad civil adecuado. Este tipo de póliza protege a las residencias frente a posibles reclamaciones derivadas de incidentes como errores médicos, caídas o, como se ha evidenciado durante la pandemia, brotes infecciosos que puedan afectar a los residentes.

Además, un seguro especializado garantiza la cobertura de los gastos legales e indemnizaciones, salvaguardando la estabilidad financiera y la reputación del centro.

Por lo tanto, disponer de una cobertura adaptada a las particularidades de las residencias de mayores es esencial para afrontar con seguridad y solvencia cualquier eventualidad legal o sanitaria.

Si le ha resultado interesante esta información sobre ‘Reclamaciones judiciales por el uso de sujeciones en residencias de mayores’quizá también le resulte útil esta otra:

– Uniteco: protección y tranquilidad para residencias y profesionales

– Uniteco: la seguridad en el sector de la dependencia, una prioridad