¿Es el alzhéimer «la epidemia» de los países desarrollados del s.XXI?

El magnífico logro de aumentar la esperanza de vida de las personas está acompañado de muchos interrogantes que plantean dilemas éticos y desafíos sociales. El envejecimiento general de la población en los países desarrollados crea dinámicas hasta ahora no contempladas y las personas mayores ven aumentada su capacidad de influencia y sus demandas a nivel de participación y sociosanitaria.

El avance de la medicina y de la sociedad en general permite vivir más y con mayores comodidades a una buena parte de las personas que superan la edad de jubilación, hasta el punto de que se estira el concepto de anciano y no se considera a alguien merecedor de ese calificativo hasta que supera una edad muy avanzada o presenta un deterioro apreciable.

Pero el aumento de la longevidad hace que aumenten a su vez las enfermedades neurodegenerativas, entre ellas, el alzhéimer, que en se ha dado en llamar por algunos como «epidemia del siglo XXI», en sentido figurado, claro está, por el incremento del número de casos, y no solo en edades avanzadas.

En la actualidad, más de 46 millones de personas sufren demencia en todo el mundo, una cifra superior a toda la población española. Si la tendencia continúa como hasta ahora, en 2050 habrán 135 millones, la mayoría mujeres, pues son enfermedades asociadas a la edad y la mujer tiene una mayor esperanza de vida. Una parte importante estará diagnosticada de alzhéimer. En España, una de cada diez personas mayores de 65 años padece alzhéimer. A los 85, afecta a una de cada tres personas. En total se calcula que hay más de 1 125 000 personas afectadas y que repercute en la vida de otros cuatro millones y medio. La previsión es que en 20 o 30 años se doblará el número de personas afectadas.

El drama personal y social del alzhéimer genera unas necesidades en las familias y en las personas afectadas que se prolongan en el tiempo y que tienen componentes de deterioro físico y pérdida personal que hacen que la enfermedad sea especialmente dramática. Actualmente, este mal no tiene cura. En 1907 por el médico alemán Alois Alzheimer describió por primera vez la enfermedad y placas amiloides o neuríticas al hacer la necropsia del cerebro de una mujer que había padecido esta demencia.

No está claro su origen, se cree que entre cinco y 10 por ciento de los casos pudieran tener un componente genético, pero no hay estudios concluyentes. Lo que está claro es que igual que el resto del cuerpo, nuestras neuronas envejecen, mueren y no se regeneran. Por causas que se desconocen, la proteína beta amiloide se mueve a través de las neuronas, se queda fuera de ellas y comienza a polimerizarse y a formar placas amiloides en el cerebro, una de las claves de la aparición del alzhéimer, la otra es que los axones (una de las tres partes de las neuronas) que están formados por neurofibrillas, empiezan a doblarse al envejecer, por lo que se dificulta su función de llevar información consciente y refleja de una neurona a otra. Esta pérdida de las conexiones entre las neuronas es la que origina los primeros síntomas del alzhéimer: la pérdida de memoria. Además de la pérdida de memoria, uno de los síntomas de que puede haber mal de alzhéimer es la pérdida de olfato.

La esperanza es que se están invirtiendo muchos recursos en investigar las razones de la enfermedad y se está buscando un remedio que aunque no pueda revertir los efectos del deterioro, sí pueda al menos detenerlo, sobre todo cuando está en sus primeras fases. Son muy importantes todos los avances que han constatado factores de riesgo como la herencia, síndrome metabólico, el sobrepeso, el alcoholismo, el tabaquismo, etc. que ayudan en la prevención y también los esfuerzos por encontrar terapias de estimulación cognitiva que ralenticen el avance del mal. Pero la esperanza en los avances científicos y la confianza en los tratamientos no deben hacer olvidar el enorme coste personal que supone esta enfermedad para quien la padece y sus familias, además del coste económico que les supone.

Se debe a la hora de cuantificar los costes sociales de esta enfermedad la vida media de una persona diagnosticada con alzhéimer, los años que pasa en su domicilio, los servicios que precisa tanto médicos como sociales, los apoyos que debe recibir y, por último, si el deterioro impide en adecuado cuidado o convivencia en el hogar, la estancia en una residencia geriátrica con la dotación adecuada. No es desdeñable añadir el coste personal y económico de las personas cuidadoras familiares, en una inmensa mayoría mujeres, que renuncian en numerosos casos a su trabajo remunerado para atender a la persona enferma, lo que supone una pérdida económica, una merma en su pensión futura y, en general, una pérdida de autoestima personal.

Los poderes públicos no pueden cerrar los ojos ante esta realidad, pues cada día que pasa se diagnostican más personas y aumenta el problema. Para acometer con garantías un futuro con un alto porcentaje de población envejecida y con un aumento de las enfermedades neurodegenerativas, las administraciones deben ponerse ya a planear los servicios y acciones que deben acometerse.

Los planes de envejecimiento activo son una parte. A pesar de su importancia y el reconocimiento general de su papel preventivo en el desarrollo de trastornos cognitivos, todavía queda mucho por hacer en cuanto a su implantación de manera sistemática y que no sean solo iniciativas felices de la concejalía de mayores de los ayuntamientos o de las consejerías, sino que sean auténticos pilares del fomento de la salud y la calidad de vida de las personas mayores. Otra parte es el diagnóstico precoz. Cada cierto tiempo surgen nuevos test, cada vez más eficaces, que son un instrumento cave para poder aplicar terapias lo antes posible para frenar el avance de la enfermedad.

Es necesario, pues, que todos los elementos de diagnóstico precoz de los que se disponga se puedan utilizar con rapidez y eficacia. Luego está el apoyo directo a los enfermos y a sus familias una vez la enfermedad se ha declarado. Para ello se dispone de la ayuda a domicilio, el apoyo psicológico, los programas de respiro, los centros de día y las unidades especializadas, pero esto no llega a todas las familias, sobre todo a las que viven en zonas rurales, y para otras resulta fuera de su alcance económico, no hay que olvidar que los recortes en los presupuestos de dependencia no han sido revertidos en su mayoría.

Los poderes públicos tienen la obligación de garantizar una atención adecuada a los enfermos y a sus familias. No tienen la excusa de la ignorancia, pues se viene advirtiendo desde hace ya tiempo.