Nuevos criterios de acreditación para las residencias de mayores

Hace unos días que el Gobierno ha publicado los nuevos criterios de acreditación para las residencias de mayores en nuestro país. No obstante, como cada Comunidad Autónoma tiene competencia en servicios sociales transferida, falta todavía que cada territorio desarrollen su normativa propia partiendo de los criterios ya publicados.

Antes de la aparición de la pandemia de Covid-19, desde algunas instancias se manifestaba la necesidad de revisar el modelo de atención en las residencias. Es más, desde la Comisión Europea ya se habían hecho recomendaciones y algunas comunidades autónomas habían avanzado con normativa propia.

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y las comunidades autónomas aprobaron el 28 de junio el nuevo acuerdo de Criterios Comunes de Acreditación y Calidad de Servicios del SAAD. Es relevante destacar de este acuerdo que se ha conseguido «sacar adelante» con el voto a favor de 10 comunidades y 9 en contra (que representan a más del 70% de la población española) y sin una explicación clara y convincente de cómo se van pagar todas estas nuevas medidas y, especialmente, a parte del cómo, quién se va a encargar de pagarlas.

El acuerdo fija los nuevos criterios de acreditación para las residencias de mayores, que deben cumplirse plenamente de aquí a 2030. Así pues, hay un periodo de transición de ocho años en los cuales los centros actuales deberán adaptarse. Es decir, se trata de unos criterios que tienen que cumplir todas las residencias que quieras tener una relación con la administración pública, principalmente para acoger residentes beneficiarios de la prestación económica vinculada o cheque servicio y posteriormente, tener la opción de optar a plazas públicas.

El objetivo del nuevo modelo es cambiar el foco en la forma de atención, es decir, que los servicios se adapten a las necesidades y preferencias de las personas, y no al revés. Las residencias deberán funcionar de forma más parecida a un hogar y, para conseguirlo, las principales novedades son la reducción de plazas en las residencias de nueva construcción (se prohíbe la construcción de macroresidencias) y el aumento de trabajadores para la favorecer atención personalizada.

Los nuevos centros residenciales no podrán tener más de 75 plazas en zonas rurales o escasamente pobladas (excepto si se dan circunstancias especiales de viabilidad económica, que podrán llevar a 120), los ubicados en localidades de tamaño mediano no podrán superar las 90 y las grandes las 120 plazas. En los centros que están ahora operativos, el 80 % de las plazas deberá adaptarse y se crearán unidades de convivencia de un máximo de 15 personas, que dispondrán de espacios comunes con cocina, comedor y sala de estar e incluso las personas se podrán llevar sus propios muebles, si lo desean.

El nuevo modelo establece un mayor número de trabajadores de atención directa en función del número de residentes. Además, mejora sus condiciones laborales y sus titulaciones. Así, se obliga a que como mínimo el 80 % de los contratos sean indefinidos y que el 66 % sean a tiempo completo (50 % en caso de la ayuda a domicilio).

Con respecto a la atención, cada persona tendrá un plan individual de atención que recogerá sus preferencias y su voluntad respecto a cómo quiere vivir. Se podrá incluir testamento vital e instrucciones de cuidados para cuando se acerca el final de la vida. 

El documento indica que las personas tienen derecho a una atención libre de sujeciones, ya sean físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas y también a vivir sin coerciones. La familia y allegados cogen protagonismo: podrán colaborar en los cuidados y tendrán comunicación con el profesional de referencia que garantice un seguimiento del estado de su familiar.

Los nuevos centros dispondrán de, al menos, el 65 % de las plazas públicas en habitaciones individuales. Los ya construidos o en fase de construcción dispondrán como mínimo de un 10 % de las plazas públicas en zonas rurales y del 25 % en ciudades.

Los centros de día deberán estar ubicados cerca de la residencia habitual de la persona para facilitar la permanencia en su entorno habitual.

El servicio de ayuda a domicilio se adaptará a los horarios, rutinas, días de la semana y tipología de las tareas que elija el usuario. 

Los directores de los centros de mayores deberán tener titulación universitaria y formación especializada. Los que ya ejercían ese cargo sin esa formación, tendrán que acreditar cinco años de experiencia en el sector.

El documento ha salido adelante con diez votos a favor (Extremadura, Canarias, Navarra, Comunidad Valenciana, Asturias, La Rioja, Baleares, Cantabria, Aragón y Melilla) y nueve en contra (Galicia, Madrid, Andalucía, Murcia, Ceuta, Cataluña, País Vasco, Castilla y León y Castilla-La Mancha), que han alegado motivos de supuesta invasión de competencias o dudas en la financiación. Además de las comunidades y el Ministerio, ha participado en las negociaciones del acuerdo la mesa de diálogo social, que reúne a la patronal y sindicatos, y la mesa de diálogo civil, donde se sientan asociaciones y expertos del sector.

Desde las patronales señalan que el acuerdo encarece el coste de la plaza, lo que supone para ellas un hándicap grande y más teniendo en cuenta que no las ha dotado de financiación suficiente. Los sindicatos consideran que las medidas laborales no son suficientes para acabar con la precariedad. La Plataforma Estatal de Familiares de Residencias se ha manifestado decepcionada. Sin embargo, expertos en el sector, como la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, han respaldado el documento públicamente y lo consideran un gran avance., aunque también consideran que estos nuevos nuevos criterios de acreditación para las residencias de mayores deben ir acompañados de una correcta financiación.

Sobre los nuevos criterios de acreditación para las residencias de mayores, consideramos muy interesante:

• Opinión de Josep de Marti: Criterios de acreditación: ¿un paso adelante o papel mojado?

• Residencias de ancianos acreditadas por la última normativa y las anteriores