Viabilidad económica de la Ley de Dependencia

Reflexiones sobre la Ley de Dependencia de Daniel Salvatierra.

Daniel Salvatierra tiene un perfil peculiar dentro del mundo geroasistencial, combina una titulación de Arquitécto técnico e ingeniero de la construcción con un Máster en Dirección de  Centros Residenciales.  En su trayectoria profesional, tras un contacto con el mundo de la construcción, en 2012 entró a formar parte del equipo de la consultora sevillana Palma-Japón, donde desarrolló formación sobre estrategia empresarial y marketing. Tras realizar trabajos como consultor externo de empresas, en 2013 comencó como director de la residencia Costa Nevada de Motril, trabajo que actualmente compagina con el de miembro de consejo asesor del Instituto de Estudios Geriátricos de Andalucía (IESGA) y el de miembro colaborador en materia de dependencia del Grupo Libertad Digital.

El viernes 10 de Marzo de 2017, Daniel imparte en el Centro San Agustín de Motril, para el Aula de Pensamiento Francisco Javier de Burgos, una conferencia con el título Viabilidad Económica de la Ley de Dependencia y le hemos pedido que nos envíe las líneas generales de su intervención.

Aquí están, preparadas para que, quien quiera, plantee argumentos y elementos de debate. Gracias Daniel.

– Una ley mal concebida. Desde los análisis previos a la redacción de la propia Ley, con el libro blanco de la dependencia donde las previsiones de asistencia eran significativamente inferiores a las que realmente fue la aplicación de la ley. Centrándose en la asistencia directa del propio dependiente y olvidándose de la parte de promoción de la autonomía. Articulando procesos de solicitud tediosos y muy burocratizados. Así como procesos de valoración de la dependencia muy tardíos y con poco capacidad de respuesta frente a situaciones temporales de dependencia. Lo que provoca condenas directas hacia el sistema «definitivo» de dependencia patologías que rehabilitadas a tiempo, podrían hacer del usuario un beneficiario circunstancial del sistema del sistema.

– Análisis de datos. El Imserso el 31 de enero de 2017, lanza una batería de datos estadísticos en el que manifiesta que en Andalucía, en el año 2016, entorno a 200.000 personas que tienen reconocida la situación de dependencia, se han quedado sin recibir la prestación. Lo que provoca, en la mayoría de estos casos, una búsqueda de una solución privada a la situación de dependencia del solicitante.Con el esfuerzo que esto conlleva para las familias, ya que la pensión media de estos dependientes dista mucho del precio medio de los recursos asistenciales ofertados en nuestro país. Entre otras cosas, esos precios se ven incrementados desde la entrada en vigor de los requisitos de acreditación y funcionamiento que las distintas CCAA imponen a las entidades gestoras de los recursos.

– Por la senda equivocada. El Observatorio Estatal de la Dependencia, firmó en diciembre de 2016, con todos los grupos parlamentarios excepto el PP y PNV. Este acuerdo lo que reivindica, en líneas generales, el aumento presupuestario en materia de dependencia desde el gobierno central para de este modo dar mayor prestación. 

Si ahora, que estamos en el final de un momento dorado, en cuanto a reparto del gasto se refiere, puesto que la pirámide demográfica es ligeramente favorecedora para con el estado del bienestar, ¿qué ocurrirá cuando no lo sea? que por cierto, esta circunstancia se va a dar dentro de muy poco. ¿vamos a seguir demandando un aumento del gasto, cuando cada vez hay menos contribuyentes? 

– Soluciones. Sin pretender dar la panacea, algunas de las ideas que hemos estado estudiando en IESGA como elemento optimizador, del sistema sin tener que aumentar recursos necesariamente, son los siguientes:

1. Integración del sistema social dentro del sistema sanitario y generar un sistema socio-sanitario real. De este modo, se van a conseguir una optimización de recusos tanto en el aspecto social, como sanitario.

2. Cobertura de dependencias temporales, para episodios postquirúrgicos, invalidez circunstancial. 

3. Fomento de autonomía del paciente, para que este tarde el mayor tiempo posible en ser consumidor de recursos asistenciales.

4. Elección del recurso por la propia administración pública y no por el usuario o en su defecto, por su propio familiar. Potenciando la ayuda económica vinculada al servicio, por ejemplo.

5. Creación de distintas categorías de centros asistenciales. Pudiendo la empresa gestora, elegir la cantidad de personal técnico contratado. De este modo, al igual que ocurreo en el sistema sanitario privado o en el hotelero, habrá una oferta mas variada que se pueda adaptar a la capacidad económica de los demandantes de servicios.