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El limbo de la dependencia. ¿Se eliminará o reducirá casi a 0 algún día?
Se conoce como limbo de la dependencia a aquella posición en la que se encuentra una persona que, una vez solicitado y concedido un grado de dependencia, está aguardando para que le asignen un servicio de la tipología que ha escogido. A esto, hay que sumarle las personas que ni siquiera han logrado que las administraciones les digan si tienen el grado suficiente de dependencia como para ser merecedor de una prestación. En total en este año suman más de 300.000 personas.
Solo tomado en cuenta las personas que tienen grado concedido y están esperando el servicio, estamos hablando de alrededor de 192.000 personas. Es decir, el 12,37% de las personas con derecho reconocido aún siguen sin recibir una resolución del PIA (Programa Individual de Atención), según datos del 31 de julio 2023.
Debido a esta situación, que se prolonga desde el inicio de la entrada en vigor de la ley de dependencia (LAPAD), la patronal CEAPS ha vuelto a recordar el número de personas que siguen estando en este limbo. A su vez, hizo hincapié en su comunicado en la disparidad de cifras en cuanto al los días de espera en función de la Comunidad Autónoma en la que residen. Para poner ejemplos claros, haya mucha menos «tiempo de estancia» en el limbo de la dependencia en CCAA como Castilla y León o País Vasco (con 125 y 146 días de demora respectivamente) que en, por ejemplo, Canarias (con 782 días) o Murcia con 498.
Propuestas
Asimismo, CEAPS no solo pone en evidencia y recuerda esta situación en la que están tantas personas sino que también propone algunas soluciones. En primer lugar, proponen asignar el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) a la atención de las personas, con un aporte del 50% por parte de la Administración Central, como dicta la normativa, y la implementación de un impuesto al valor agregado (IVA) uniforme, sin importar quién sea el pagador de los servicios.
En segundo lugar, y en relación al conocido como «cheque servicio» sugieren que se asegure que todas las personas con derecho a recibir una prestación cuenten con los recursos necesarios, promoviendo la Prestación Económica Vinculada al Servicio y manteniendo la prestación económica por cuidado familiar como una excepción, de acuerdo con lo establecido por la ley, en lugar de convertirla en la norma genera. Un servicio muy útil y conocido en el que se podría implementar en una proporción mayor la prestación económica vinculada, serían las residencias de la tercera edad de nuestro país.
Finalmente, y en relación con el punto anterior, se propone la creación de una prestación vinculada al servicio de respuesta rápida, de manera que una persona que repentinamente se convierte en gran dependiente y no puede recibir atención adecuada en su hogar, o aquellos que se encuentran en la etapa final de su vida o necesitan cuidados paliativos, reciban asistencia en un plazo máximo de 2 o 3 meses.
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