>Decir que el perfil del sector ha cambiado radicalmente durante los últimos diez años, y que el cambio que veremos durante los próximos cinco será, si cabe, más espectacular, es algo incuestionable. Y si alguien vivirá de forma más directa ese cambio es el grupo de residencias de tamaño pequeño que, durante muchos años formaban, casi en exclusiva la totalidad del sector privado y que ahora, pese a mantener un peso considerable, se enfrenta a unos retos formidables. Si nos remitimos a los números nos encontramos con que, dentro del sector privado, las residencias de menos de 35 plazas vienen a representar aproximadamente la mitad del total de centros (en lugares como Cataluña representan un 60%). Normalmente se trata de residencias con más de cinco años de antigüedad, que fueron autorizadas por las comunidades autónomas con normativas hoy derogadas; están gestionadas y dirigidas por personas que a la vez son […]

>Una de las peculiaridades del sector de la atención a personas mayores en España es su gran heterogeneidad. Un mismo servicio que se presta desde las administraciones y la iniciativa privada; con y sin afán lucrativo; aplicando diecisiete normativas diferentes y por parte de estructuras de un tamaño tan variopinto que, a menudo resulta difícil saber si estamos ante uno, dos o incluso más sectores diferentes. Lo que está claro, aunque no suele estar en los grandes debates empresariales, es que mucho antes de publicarse la primera normativa y de nacer el primer empresario del sector, existían en España una serie de residencias para “ancianos” que daban respuesta a una necesidad y que, con más o menos cambios, han llegado a nuestros días. Verdaderas cadenas de residencias que actuaban, a veces gestionando sus propios centros y en otras como entidades gestoras de residencias municipales o pertenecientes a fundaciones. Me refiero […]

>El hecho de que una persona sufra una demencia tiene unas consecuencias muy importantes para su familia. No sólo por las nuevas necesidades de cuidados o por las alteraciones de la vida familiar, sino, también por una serie de problemas de tipo jurídico: una persona demente no puede formar una voluntad válida y es más vulnerable a posibles abusos. La forma en que la Ley responde a esta realidad es el conocido como proceso de incapacitación. Este consiste, básicamente, en que los familiares más directos puedan acudir a los tribunales para que sean éstos, tras un juicio, los que declaren que la persona es incapaz y que, a partir de entonces, será representada por un tutor. La Ley prevé, así mismo, que cuando no haya familiares directos, sea el Ministerio Fiscal el que inicie el proceso de incapacitación. El sistema parece muy bien pensado. La realidad es que la inmensa […]