Las personas de edad avanzada en las prisiones

Vivimos en una sociedad que en ocasiones tiende a ver la realidad en blanco y negro, cuando en realidad abunda en matices y colores. Con las ideas preconcebidas acerca de la tercera edad pasa los mismo. Se pasa de una gerontofobia, es decir, de aborrecer todo aquello relacionado con las personas mayores, al extremo de considerar que por el hecho de tener muchos años esas personas están bendecidas por la bondad y son pozos de sabiduría.

Como se suele decir, ni calvo, ni con tres pelucas. Las personas mayores son reflejo de la sociedad en la que viven y resultado de su experiencia vital a lo que se añaden los mismos factores que a los demás: herencia genética, educación, etc. Por lo tanto, ni todos son despreciables ni todos son adorables.

Si tendemos a exculpar a las personas de sus faltas por razones de edad, cerramos los ojos a una realidad que, por la simple razón del aumento del envejecimiento, cada día esta más presente y que crea problemas complejos de solucionar: el aumento de la población reclusa de edad avanzada. En España es un problema incipiente, pero que es previsible que aumente de manera paulatina en los próximos años.

Ya abordamos en Inforesidencias, en este mismo blog, el tema de las personas mayores de Japón que delinquen para tener asegurado techo y comida, además de cuidados especializados y compañía, lo que ocasiona que las cárceles se conviertan en geriátricos. Sin llegar a ese extremo, lo cierto es que la edad media de las personas reclusas en España ha aumentado.

Esto plantea una serie de retos: ¿qué se hace con las personas ancianas delincuentes? ¿Cómo se plantea su rehabilitación? ¿Están las cárceles preparadas para los cuidados específicos que plantea un número alto de presos de edad avanzada? ¿Está la sociedad preparada para asumir que los mayores delincuentes precisan de una atención especializada?

Las personas mayores cometen los mismo delitos que las jóvenes, leves o graves, desde el hurto al asesinato. Sus condenas les pueden llevar a ingresar en la cárcel y allí pueden presentarse problemas como demencia senil, alzhéimer, etc., además de las propias del deterioro físico natural. La situación es complicada por el entorno, su solución también es compleja y el sistema penitenciario no parece estar preparado para gestionar la presencia de penados de edad avanzada en los centros.

En casos excepcionales, la ley contempla la libertad condicional para personas de más de setenta años con enfermedades graves o incurables cuando se encuentran clasificados en el tercer grado y se observa buena conducta. Sin embargo, esto plantea problemas en muchas ocasiones, pues la libertad condicional está pensada para que la persona pueda reinsertarse en la sociedad y restablezca relaciones sociales, y las personas mayores muchas veces no disponen de una red de ayuda o atención cuando salen a la calle.

La jurisprudencia establece que con estas personas no se trata de rehabilitación, sino más bien de razones de justicia material (se supone que tienen menor capacidad de delinquir y menos peligrosidad social) y de razones humanitarias. También se contempla el indulto o los permisos. Esto lleva a la conclusión de que se utiliza la libertad condicional, los indultos y permisos para fines distintos a los que estaban concebidos. Esto no es solo un dilema moral, es un problema social y de recursos.

El aumento de estas situaciones debe llevar a repensar qué se hace con las personas mayores de 70 años que tienen condenas largas, no reúnen los requisitos para acogerse a medidas de reinserción como las expuestas, y que tienen unas necesidades especificas en cuanto a ocupaciones en el centro penitenciario y cuidados sanitarios. La respuesta está seguramente en la creación de módulos específicos en las cárceles, en los que el control sea distinto y se planteen medidas de tipo asistencial. Pero ¿debemos convertir las cárceles en centros geriátricos?

Los retos que plantea el envejecimiento de la población afectan a todos los aspectos de la sociedad. Nos debemos plantear estos restos de un modo global y sin prejuicios que nos impidan ver las situaciones más desagradables o comprometidas, como el hecho de que no por cumplir años se deja de rendir cuentas con la justicia cuando se comete un delito.

Es un doble reto: ¿qué se hace con las personas ancianas con problemas de salud o movilidad cuando no tienen otra posibilidad más que la de cumplir su condena en un centro penitenciario? Y ¿cómo se aborda la libertad de estas personas cuando al salir a la calle no tienen recursos materiales o asistenciales y se vean abocadas a la indigencia o a delinquir de nuevo?

Este es otro tema difícil e incómodo sobre el que la sociedad debe reflexionar cuanto antes.