Consecuencias del Brexit para las personas mayores y los permisos de residencia

Si no se da un improbable paso atrás, el brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea será una realidad más pronto que tarde. Esta situación afecta las vidas de las personas, tanto de los británicos, en un altísimo porcentaje jubilados, que viven en España, como de los españoles que viven en el Reino Unido y que temen que sus pensiones futuras se vean afectadas.

En el caso de los británicos residentes, muchos de ellos se han acercado a los consulados con el temor en entrar en un limbo legal. La sensación es que no hay una resolución buena de la salida y que ellos van a resultar perjudicados. Además, sienten mucho malestar por el hecho de que por ser residentes en el extranjero no se les permitió votar en el referéndum y, en su mayoría, manifiestan que hubieran optado por la permanencia.

Sus preocupaciones pasan por varios frentes, la posible devaluación de la libra que hará que pierdan poder adquisitivo, el pago de una sanidad privada (según el propio Gobierno británico, España es el país al que Gran Bretaña más fondos trasvasa en compensación por la asistencia médica de sus ciudadanos: unos 280 millones de euros anuales)y los problemas burocráticos pues al no ser ciudadanos comunitarios deberán pedir permisos de residencia y visados.

Con un brexit duro, los residentes en España dependen de los acuerdos bilaterales, que establecerán las normas para la cobertura. Las personas británicas que trabajan y cotizan en España tienen su derecho garantizado, pero los estudiantes y, sobre todo los pensionistas entran en un terreno de incertidumbre cuando ya no se aplique la normativa europea y los gobiernos tengan que hablar de quién paga la factura sanitaria. Desde el Gobierno de España se ha señalado que se han elaborado planes de contingencia para asegurar tanto la asistencia sanitaria de los españoles en Reino Unido y de los británicos en España, que son casi el doble, según el Instituto Nacional de Estadística, unos 300000, que residen en su mayor parte en  las zonas costeras. La mayor colonia de británicos en la provincia de Alicante con 65000 personas, le sigue seguido Málaga con 44000, luego están las Islas Canarias, la Región de Murcia y las Islas Baleares.

La legislación española a los pensionistas como beneficiarios de una serie de reconoce de servicios sanitarios y sociales (en estos e incluirían servicios de atención domiciliara o residencial). A los extranjeros pensionistas comunitarios les basta con rellenar un formulario de la Unión Europea que certifica el derecho a recibir asistencia sanitaria en el país de origen y, por tanto, en el de destino, es decir, España. Si acuerdo, España aplicará su propia legislación en materia de pensiones y prestaciones sociales.

La incertidumbre ha provocado que aumente el número de británicos que dejan España. La Estadística de Migraciones del INE señala que en 2016 salieron de nuestro país 19000 personas, al año siguiente, tras el sí al brexit, fueron 26432 , casi un 40% más en un año y en los primeros seis meses de 2018 se han añadido otros 13000.

Los que quedan, suman a la incertidumbre ciertas costumbres y actitudes que hacen que parezca que les cuesta asumir que su situación va a cambiar de manera drástica. Por eso sorprende que, a pesar de los múltiples llamamientos de las administraciones, sobre todo los ayuntamientos, y de las propias organizaciones de residentes británicos, no se empadronan en sus municipios de residencia. Es más, desde los consulados se insta a que la comunidad británica pida la residencia lo antes posible. Sin embargo, no se está haciendo de manera generalizada y eso que, como manifiestan las asociaciones de residentes del Reino Unido, empadronarse es el primer paso para pedir oficialmente la residencia en España.

Esto es fundamental, pues a partir de que acabe el proceso de transición, en diciembre de 2020, cualquier británico que esté más de tres meses en este país sin tener la residencia estará en situación irregular. Este aspecto resulta esencial, ya que un buen número de los británicos que tienen una vivienda propia en la Costa del Sol pasan la mitad del año en cada país. A partir de diciembre de 2020 eso ya no será posible sin la residencia en España; un hecho que parece que no acaba de asumirse. Además, sigue habiendo confusión entre la residencia, la residencia fiscal, el empadronamiento, la nacionalidad, la tarjeta sanitaria y el censo electoral.

Muchos británicos residentes en España se están planteando pedir la nacionalidad. Sin embargo, mientras que España sí permite tener las dos nacionalidades, en Reino Unido no, y esto puede resultar muy duro, sobre todo para las personas mayores.

En cuanto a los trabajadores españoles en las islas británicas, si hay acuerdo con la Unión Europea, deberán registrarse —el settle status—y, en muchos casos pagar una tasa por hacerlo, como cualquier otro ciudadano extranjero. El registro da derecho a residir en el Reino Unido por un periodo indefinido; solicitar la ciudadanía británica, trabajar, asistencia sanitaria, educación, acceder a fondos públicos tales como pensiones y prestaciones sociales, entrar y salir del Reino Unido y ausentarse del mismo hasta un máximo de 5 años seguidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores tiene en su página web toda la información al respecto. Se puede consultar aquí.

En todo caso, se abre un nuevo periodo de incertidumbre que afecta a las vidas de las personas y a las economías de las zonas en las que se encuentran.