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Formas de pagar una residencia de personas mayores
Cuando una persona mayor necesita ingresar en una residencia, el precio de la plaza suele convertirse en una de las principales preocupaciones de la familia. No siempre resulta sencillo saber cuánto tendrá que pagar la persona, si puede recibir alguna ayuda pública o qué papel pueden tener sus ingresos, sus ahorros o su vivienda. Por ello, hoy en Inforesidencias hablamos de ‘Formas de pagar una residencia de personas mayores‘.
La respuesta no es la misma para todas las personas. Hay quienes pagan una plaza privada con su pensión y sus ahorros, quienes acceden a una plaza pública o concertada y quienes pueden recibir una prestación económica vinculada al servicio. También puede influir el patrimonio de la persona y, en determinadas circunstancias, la vivienda.
Antes de hacer cuentas, por tanto, conviene conocer qué recursos existen y qué parte del coste puede corresponder a la persona mayor. Además, cuando interviene el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), las reglas no dependen únicamente del precio de la residencia: también se tiene en cuenta la capacidad económica y la normativa aplicable en cada comunidad autónoma.
Pagar una residencia con la pensión y los ahorros
La primera posibilidad es utilizar los recursos económicos de la propia persona mayor. Una pensión puede destinarse al pago de la residencia y, si no resulta suficiente, también pueden utilizarse ahorros u otros recursos patrimoniales.
Cuando existe una prestación de dependencia, la capacidad económica se determina teniendo en cuenta la renta y el patrimonio de la persona beneficiaria. La Ley 39/2006 establece además que la participación económica en el coste de los servicios depende del tipo y coste del servicio y de esa capacidad económica.
Por eso, saber cuánto cobra una persona al mes no siempre permite conocer cuánto tendrá que aportar. El patrimonio también puede formar parte del cálculo.
¿Una plaza pública o concertada es gratuita?
No necesariamente. La Ley de Dependencia establece que las personas beneficiarias participan en la financiación de las prestaciones según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica. También señala que nadie quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos económicos.
En consecuencia, acceder a una plaza pública o concertada no significa automáticamente que la persona no tenga que realizar ninguna aportación.
La cantidad concreta depende de las reglas que correspondan en cada caso y de la Administración competente. Las comunidades autónomas tienen un papel fundamental en la gestión de las prestaciones y en el desarrollo de sus condiciones de acceso.
La prestación económica vinculada al servicio
Otra posibilidad es la prestación económica vinculada al servicio, conocida como PEVS. La Ley 39/2006 establece que esta prestación puede reconocerse cuando no sea posible acceder a un servicio público o concertado de atención y cuidado. Está vinculada a la adquisición del servicio y su concesión depende del grado de dependencia y de la capacidad económica, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Administración competente.
Cuando se reconoce para atención residencial, puede contribuir a financiar una plaza en un centro acreditado que cumpla las condiciones correspondientes.
Por tanto, una persona que vive o quiere vivir en una residencia privada puede tener derecho a esta prestación en determinadas circunstancias, pero no se concede simplemente por el hecho de contratar una plaza privada.
¿Qué ocurre si la pensión no alcanza para pagar la residencia?
Es una situación frecuente y no existe una respuesta única para todos los casos. Si se trata de una plaza privada, la familia tendrá que conocer el precio del centro y comprobar si la persona puede asumirlo con sus ingresos y patrimonio o si existe alguna prestación a la que pueda acceder.
Si se trata de una plaza pública o concertada dentro del sistema de dependencia, la aportación económica se calcula conforme a las reglas aplicables a la persona. La normativa estatal establece el principio general de participación según capacidad económica, pero la gestión corresponde a las administraciones competentes.
Por eso, cuando la pensión no cubre el precio de una residencia privada, no puede concluirse automáticamente que la diferencia tenga que pagarla la Administración, ni tampoco que corresponda necesariamente a los hijos. Hay que conocer primero qué tipo de plaza se está solicitando y qué prestaciones tiene reconocidas la persona.
¿Los ahorros y la vivienda cuentan?
Sí, el patrimonio puede ser relevante para determinar la capacidad económica en el Sistema de Dependencia.
La normativa considera patrimonio el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de la persona, con las condiciones previstas en las reglas aplicables. En determinados supuestos de atención residencial, también puede computarse la vivienda habitual. La regulación estatal establece excepciones cuando existen determinadas personas a cargo que continúan viviendo en ella.
Esto hace que la situación patrimonial de cada persona deba analizarse individualmente. No es lo mismo tener una pensión determinada y no disponer de otros bienes que percibir la misma pensión siendo propietario de una vivienda u otros recursos patrimoniales que puedan computar.
¿Tienen que pagar los hijos la residencia?
Que una persona mayor no pueda pagar por sí sola una residencia no significa automáticamente que sus hijos tengan que abonar la factura.
El Código Civil regula la obligación de alimentos entre determinados familiares, pero su aplicación depende de las circunstancias concretas y de las condiciones establecidas por la legislación civil. Por eso, no conviene convertir una cuestión jurídica compleja en una regla general aplicable a todas las familias.
En materia de dependencia, además, la financiación de los servicios tiene sus propias reglas y se basa en la capacidad económica de la persona beneficiaria.
Si existe un conflicto concreto sobre la obligación de los familiares de contribuir al coste de una residencia, será necesario analizar la situación particular.
¿Se puede utilizar la vivienda para pagar una residencia?
La vivienda puede convertirse en un recurso económico para afrontar el coste de una residencia. Entre las posibilidades están alquilarla o venderla, aunque cada alternativa tiene consecuencias económicas, patrimoniales y familiares diferentes.
También existe la hipoteca inversa. El Banco de España la define como un préstamo hipotecario dirigido, entre otros supuestos, a personas mayores de 65 años propietarias de una vivienda. Permite obtener liquidez utilizando el inmueble como garantía y, mientras se cumplan las condiciones del contrato, mantener la propiedad y el uso de la vivienda.
No es una prestación pública ni una ayuda de dependencia, sino un producto financiero. La deuda acumulada se exige en las condiciones previstas en el contrato, normalmente después del fallecimiento del titular o del último beneficiario establecido.
Formas de pagar una residencia de personas mayores
Llegados a este punto, las Formas de pagar una residencia de personas mayores pueden resumirse en varias vías: utilizar los ingresos y el patrimonio de la propia persona, acceder a una plaza pública o concertada, recibir una prestación económica vinculada al servicio cuando se cumplan sus requisitos o recurrir a otros recursos patrimoniales o familiares.
Pero no todas estas opciones están disponibles en todos los casos ni funcionan de la misma manera.
La situación de dependencia, los ingresos, el patrimonio, el tipo de plaza y la comunidad autónoma en la que se gestione la prestación son algunos de los elementos que determinarán cómo se afronta finalmente el coste.
¿Cuánto tendrá que pagar realmente la persona mayor?
Esta es probablemente la pregunta que más interesa a una familia y, al mismo tiempo, una de las que no puede responderse con una cifra válida para toda España.
Para hacer una primera aproximación hay que conocer:
- La pensión y otros ingresos de la persona.
- Sus ahorros y patrimonio.
- Si tiene reconocida la situación de dependencia.
- El grado de dependencia reconocido.
- El servicio incluido en su Programa Individual de Atención.
- Si se trata de una plaza privada, pública o concertada.
- El precio de la plaza.
- La normativa y los criterios de participación económica aplicables en su comunidad autónoma.
La normativa estatal establece el marco general, pero las comunidades autónomas tienen competencias en la gestión y en las condiciones concretas de acceso a las prestaciones económicas.
Por eso, dos personas con ingresos parecidos pueden encontrarse ante situaciones diferentes.
El precio de la residencia no es lo mismo que lo que paga la persona
Esta distinción es importante. Una residencia privada tiene un precio por su plaza. En cambio, cuando existe financiación pública, la cantidad que aporta la persona beneficiaria se determina conforme a las reglas correspondientes.
Por eso, una familia no debería limitarse a preguntar cuánto cuesta una residencia. También necesita saber qué parte de ese coste tendría que asumir la persona mayor y qué recursos públicos puede tener a su alcance.
La prestación económica vinculada al servicio, por ejemplo, está destinada a cubrir el servicio previsto en el Programa Individual de Atención cuando no es posible acceder a un servicio público o concertado y se cumplen las condiciones establecidas.
La cuestión fundamental, por tanto, no es únicamente encontrar una residencia cuyo precio pueda pagarse, sino conocer previamente qué capacidad económica tiene la persona y qué opciones de financiación existen en su situación concreta.
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