¿Crisis sanitaria o legal en residencias geriátricas?

Solo oigo noticias de que la Fiscalía investiga penalmente a residencias geriátricas afectadas por coronavirus sin embargo, no oigo noticias de que a todas les hayan dado EPIS y tests. ¿Cuál es la prioridad actual de la administración?

Pongamos dos ejemplos de residencias:  una de mayores y otra de estudiantes.  La similitud entre ambas es que son lugares donde viven juntas bastantes personas con espacios comunes.  La gran diferencia es que en la residencia de mayores, al haber personas dependientes, requieren de más personal para ayudarles en su día a día, entre ellos enfermeras y médicos.  Pero estos últimos están a nivel de soporte y prevención, ya que a un médico de residencia geriátrica no se les permite recetar.  Este personal esta muy regulado por parte de la administración, dependen de los departamentos de Servicios Sociales de cada autonomía que regulan unos ratios de personal por residente, unas condiciones estrictas a nivel de servicios y son inspeccionadas regularmente por la administración. Pero no nos equivoquemos:  las residencias de mayores no son hospitales, ni están preparados para ejercer como tales.

La gran diferencia entre una residencia de mayores y una de estudiantes durante este brote del COVID-19 han sido tres:

• Los jóvenes no son grupo de riesgo, los mayores si
• La cantidad de personal en una residencia de estudiantes es poca y el contacto físico con los estudiantes es mínimo, todo lo contrario que en una residencia geriátrica, que en casos de dependencia necesitan ayuda para sus cuidados básicos (limpiarse, vestirse, ir al baño, comer, moverse…)
• En marzo y parte de abril 2020 si enfermabas con COVID-19 en una residencia de estudiantes, el personal podía llamar a la ambulancia y se le recogía y tenía acceso a un hospital. En una residencia de mayores, se les ha negado este servicio básico y se les ha obligado a quedarse en la propia residencia.

Las similitudes entre ambas residencias:

• Ambos son sitios de riesgo, ya que hay muchas personas que comparten espacios comunes, por tanto, deberían de haber sido los primeros en recibir EPIS y haberse realizado tests para evitar contagios. A día de hoy, 22 abril, la mitad de las residencias privadas de este país todavía no lo han recibido
• Al ser ambos sitios de riesgo, desde Marzo (tal como se comprometió el Ministerio de Sanidad el 12 de Marzo) se deberían de haber medicalizado las residencias geriátricas pero esto no se hizo. Los residentes no han sido atendidos por la sanidad pública en las comunidades más saturadas, como Madrid, Cataluña y ambas Castillas. Es decir, se decidió no dar prioridad a las persona mayores de residencias, negándose a  llevarles a un hospital cuando tenían síntomas claros de COVID.

¿Deberían de haber planificado cómo ayudar a las residencias si no podían acoger en las UCIS a más personas?  Si, pero no se hizo, incluso se les negó los EPIS a las residencias (de hecho se confiscaron partidas que un grupo de residencias habían comprado), se les negó tests y, debido a ello, mucho personal enfermó de COVID-19 quedándose sin personal en las residencias.  Cuando enfermaban mayores en las residencias con COVID-19, las residencias se encuentran que la administración les ha dejado a la deriva:  no les aceptan en los hospitales, no les dan tests, no les dan EPIS, no les dan oxigeno, no les ayudan a buscar personal (recordar que dependen del Dpto de Asuntos Sociales), y no vienen ni los médicos de Atención Primaria a visitarles porque no tienen derecho a ello las residencias (así regulado por la propia administración)

La realidad sigue superando la ficción:  a las residencias geriátricas se les ha dejado a su suerte en las últimas 6 semanas, y en vez de enviar a sanitarios, EPIS y tests, nuestra administración les envía a la fiscalía y los está criminalizando delante de toda la opinión pública.  Creo que esto no ayuda a nuestros mayores, que siguen estando una semana más en situación vulnerable y  deberíamos exigir como sociedad que esta crisis sanitaria se arreglen con sanitarios, no con fiscales. 

El sector geriátrico siempre se ha sentido abandonado, pero ahora se le está culpando de una forma injusta.  Si la administración tomo unas decisiones deben aceptar que las aplicaron y aprender de ello.  Lo que no es aceptable es criminalizar a quienes dejaron sin ayuda.  Hay que tener el coraje de asumir las situaciones creadas y es muy poco ético echar la culpa a la víctima.

Anna Cebrián
Inforesidencias.com